El Departamento de Justicia estadounidense anunció el 5 de noviembre un grupo de trabajo dedicado a perseguir el uso ilícito de la inteligencia artificial avanzada por Estados extranjeros, redes criminales y autores de fraude, con el objetivo declarado de proteger el liderazgo del país en la tecnología.
TecnologíaEl Departamento de Justicia de Estados Unidos ha puesto en marcha un nuevo organismo interno para vigilar la tecnología más avanzada del momento. Según un comunicado de su Oficina de Asuntos Públicos fechado el 5 de noviembre de 2026, la Super Intelligence Task Force (DOJ-SITF) nace con la misión de impedir que el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial avanzada —el comunicado habla de «Super Intelligence»— se vea comprometido por su uso indebido.
El grupo estará liderado por el fiscal general asociado, Stanley Woodward, y por el fiscal general adjunto asociado, Stephen Weiss. Su mandato, tal como lo describe el propio departamento, es investigar y disuadir el empleo ilícito de estos sistemas por parte de tres tipos de actores: Estados extranjeros y actores patrocinados por ellos, organizaciones criminales transnacionales y personas o empresas implicadas en fraude u otras conductas ilegales.
El anuncio lo realizó el fiscal general, Todd Blanche, que subrayó la vertiente de fomento de la industria además de la persecutoria.
«El desarrollo de la superinteligencia seguirá impulsado por innovadores estadounidenses.»
— Todd Blanche, fiscal general de EE. UU.
El texto insiste en que el objetivo no es frenar a las empresas del sector, sino proteger «la innovación estadounidense». Woodward lo resumió en una frase en la que vincula ambas ideas, y Weiss añadió que el departamento tiene la responsabilidad de utilizar las herramientas de las fuerzas de seguridad para disuadir el uso indebido de estos sistemas.
«Nuestro esfuerzo integral promoverá la innovación y prevendrá el mal uso de la superinteligencia.»
— Stanley Woodward, fiscal general asociado
El comunicado no detalla presupuesto ni plantilla, y tampoco concreta qué casos concretos investigará la unidad. Sí enlaza un memorándum que define su funcionamiento. La publicación AI Weekly añade que el nuevo grupo absorbe la fuerza de tareas de litigios sobre IA creada en enero de 2026, un dato que no figura en el comunicado y que conviene tomar como referencia secundaria.
La creación del grupo llega en una semana especialmente agitada para el sector. Los mercados han castigado con dureza a las tecnológicas ligadas a la IA tras las elecciones legislativas, y varios gobiernos locales han endurecido las normas sobre centros de datos. En paralelo, OpenAI presentó esta misma semana un modelo de ciberseguridad calificado por la propia compañía como de riesgo «crítico», con acceso restringido a organizaciones verificadas. El Departamento de Justicia entra así en un debate en el que hasta ahora dominaban reguladores sectoriales y los propios laboratorios.
Hasta ahora, la persecución del mal uso de la IA se había apoyado en leyes pensadas para otros delitos: fraude electrónico, suplantación de identidad o ciberataques. Un grupo especializado, con dirección al más alto nivel del departamento, sugiere que Washington quiere contar con fiscales que entiendan la tecnología y puedan coordinar casos que cruzan fronteras. La incógnita está en el equilibrio: una vigilancia demasiado amplia podría desincentivar a las empresas, mientras que una demasiado tímida dejaría el terreno libre a quienes usan estos sistemas para estafar o espiar. Los primeros casos que lleve la unidad dirán más que cualquier comunicado sobre cuál de las dos prioridades pesará más.
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