Daniel Ortega anunció el pasado 19 de julio, durante el acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista en la Plaza de la Fe de Managua, que Nicaragua no volverá a celebrar elecciones. El anuncio, que de facto cancela los comicios previstos para 2027, ha desatado un rechazo internacional que incluye a Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA, la ONU y a gobiernos de toda América Latina, mientras la oposición nicaragüense en el exilio pide a la comunidad internacional que deje de tratar la deriva del régimen como un asunto meramente interno.
El anuncio en la Plaza de la Fe
Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, empleó la conmemoración sandinista para lanzar un mensaje sin ambigüedades: «Que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno y atrapar el poder», dijo, dirigiéndose a la oposición. El mandatario añadió que su movimiento impulsará reformas legales para «construir un muro» frente a cualquier intento de alcanzar el poder por la vía electoral, formalizando un giro autoritario que sus críticos llevaban años denunciando como inevitable.
Una dictadura familiar con respaldo constitucional
El anuncio no llega en el vacío institucional. En febrero de 2025, una reforma constitucional convirtió a Rosario Murillo, esposa de Ortega, en copresidenta del país, además de ampliar el mandato presidencial de cinco a seis años y reorganizar la estructura del Estado en favor del Ejecutivo. Esa reforma ya había blindado jurídicamente la continuidad del núcleo familiar en la cúpula del poder; el anuncio de julio simplemente retira la última pieza que quedaba en pie: la posibilidad, aunque fuera formal, de que Nicaragua celebrara comicios.
El rechazo internacional se multiplica
La reacción ha sido rápida y extensa. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó la decisión como una muestra de «su verdadera naturaleza autoritaria» y llamó a la comunidad internacional a «unir fuerzas» frente a la dictadura. Panamá retiró a su embajador en Managua, mientras Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil y Perú expresaron condena o preocupación. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, sumaron sus voces a un coro de rechazo que también incluyó a la Unión Europea, que instó al régimen a celebrar elecciones «transparentes, inclusivas y creíbles». Por su parte, organizaciones de la oposición nicaragüense en el exilio hicieron el 23 de julio un llamamiento urgente a los gobiernos de América, la Unión Europea y la ONU advirtiendo de que la crisis «no es un asunto interno», sino una amenaza a la seguridad y a los flujos migratorios de todo el continente.
«No somos súbditos»: la respuesta del régimen
El Gobierno nicaragüense respondió el 24 de julio con un comunicado bajo el lema «no somos súbditos», en el que reconoció el pronunciamiento de la Unión Europea solo para atacar con dureza la posición de la diplomacia europea, a la que acusó de injerencia. La réplica confirma que Managua no contempla ningún tipo de marcha atrás ni margen de negociación con los organismos que han cuestionado la decisión.
Qué puede pasar ahora
El precedente más inmediato es Venezuela, donde años de aislamiento diplomático y sanciones no han logrado revertir la consolidación del poder de un régimen dispuesto a pagar el coste reputacional de gobernar sin elecciones. Es previsible que la Casa Blanca explore un endurecimiento similar de sanciones selectivas contra funcionarios y activos vinculados a Ortega y Murillo, mientras la Unión Europea probablemente se limitará, al menos a corto plazo, a la condena diplomática. El riesgo real para la región no es solo político sino migratorio: la oposición en el exilio ya advierte de que la consolidación de un «régimen sin elecciones» en Nicaragua puede acelerar una nueva ola de salida de población hacia Costa Rica, Estados Unidos y otros países de la región, replicando la dinámica que Venezuela impuso a Sudamérica durante la última década.
