La relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más tensos en materia de seguridad desde el inicio del mandato de Claudia Sheinbaum, a raíz del caso de Ismael «El Mayo» Zambada, histórico líder del Cártel de Sinaloa. La presidenta mexicana acusó el pasado 7 de julio al exembajador estadounidense Ken Salazar de haber mentido sobre la operación que llevó a Zambada a territorio estadounidense, mientras la audiencia de sentencia contra el capo, programada para el 20 de julio ante el juez Brian Cogan en Nueva York, se acerca en medio de la mayor incertidumbre diplomática entre ambos países en años.
Un traslado que México nunca terminó de aceptar
El núcleo del conflicto se remonta a la detención de Zambada en Estados Unidos, ocurrida en circunstancias que el Gobierno mexicano considera aún no aclaradas del todo. La Fiscalía General de la República ha solicitado formalmente información precisa sobre cómo se ejecutó el operativo que permitió el traslado del narcotraficante a territorio estadounidense, insistiendo en que cualquier actuación de autoridades extranjeras dentro de México debe respetar de manera estricta la legislación y la soberanía nacionales. El Gobierno de Sheinbaum ha evitado en todo momento validar la versión oficial estadounidense de los hechos, manteniendo abierta una exigencia de esclarecimiento que Washington no ha satisfecho por completo.
Sheinbaum señala directamente al exembajador Salazar
El punto de inflexión llegó el 7 de julio, cuando la presidenta mexicana presentó en Palacio Nacional una línea de tiempo detallada sobre los hechos del caso y afirmó que «todo parece indicar que el exembajador de Estados Unidos mintió». La acusación se refiere a declaraciones que Ken Salazar, entonces embajador en México, había realizado en agosto de 2024, cuando aseguró públicamente que ninguna agencia estadounidense había participado en la operación que culminó con la entrega de Zambada a la justicia de su país. Señalar directamente a un exembajador por mentir constituye un gesto diplomático de una dureza inusual entre dos gobiernos que, en paralelo, negocian otros asuntos sensibles como aranceles y cooperación migratoria.
A la controversia se ha sumado una revelación posterior: según informaciones recogidas por medios mexicanos, Zambada habría sido trasladado a un hospital pocas horas después de su detención en Estados Unidos, un dato que alimenta aún más las dudas sobre las circunstancias reales del operativo y que el Gobierno mexicano no ha podido verificar de forma independiente.
La presión de un juicio con fecha límite
La cuenta atrás hacia la audiencia de sentencia del 20 de julio ante el juez Cogan añade una presión adicional a un expediente ya de por sí delicado. Senadores del PAN han advertido públicamente de que la tensión entre ambos países podría intensificarse en las próximas semanas, en la medida en que el proceso judicial estadounidense podría dar lugar a nuevas revelaciones sobre la operación, sobre posibles acuerdos de colaboración de Zambada con la fiscalía estadounidense, o sobre la implicación de figuras políticas y de seguridad mexicanas en la red del Cártel de Sinaloa. Cualquiera de esos escenarios tendría un coste político directo para el Gobierno de Sheinbaum, que ha hecho de la defensa de la soberanía frente a Washington uno de los ejes centrales de su discurso desde que llegó a la presidencia.
No es la primera crisis de este tipo
México y Estados Unidos ya habían vivido fricciones similares en el pasado reciente. En 2020, la detención en territorio estadounidense del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa mexicano, por presuntos vínculos con el narcotráfico, provocó una crisis diplomática que terminó con la devolución del caso a México sin cargos, después de que el Gobierno mexicano amenazara con restringir la actividad de agentes estadounidenses en su territorio. El caso Zambada guarda similitudes evidentes: una detención de alto perfil ejecutada o consumada en suelo o bajo jurisdicción estadounidense, dudas mexicanas sobre el respeto a la soberanía nacional, y el riesgo de que el proceso judicial derive en revelaciones incómodas para la clase política mexicana. La diferencia esta vez es que Sheinbaum ha optado por una confrontación pública y directa contra un funcionario estadounidense concreto, en lugar de gestionar la tensión exclusivamente por canales diplomáticos discretos.
Por qué esto trasciende un caso judicial
El expediente Zambada no es solo un asunto de justicia penal: es un test de la relación bilateral en su conjunto, justo cuando la Administración Trump combina una política exterior de máxima presión —visible esta misma semana en la ruptura de la tregua con Irán— con una postura igualmente dura hacia México en materia de seguridad fronteriza, aranceles y cooperación antidrogas. Para Sheinbaum, gestionar este caso sin ceder en su exigencia de esclarecimiento, pero sin tampoco romper los canales de cooperación con Washington, se ha convertido en una de las pruebas más exigentes de su gestión en política exterior. Para Estados Unidos, el riesgo es que las revelaciones del juicio compliquen aún más una relación bilateral que necesita cooperación mexicana en varios frentes simultáneos, desde el control migratorio hasta la lucha contra el tráfico de fentanilo.
La audiencia del 20 de julio, apenas unos días por delante, será el primer momento en el que se sepa si el proceso judicial estadounidense añade más leña al conflicto diplomático o si, por el contrario, ofrece a ambos gobiernos una vía para cerrar el capítulo más álgido de esta crisis sin mayores costes políticos.
