El Gobierno de Pedro Sánchez encajó el 14 de julio dos reveses que se produjeron casi en paralelo y que, juntos, retratan la fragilidad de su posición: el Congreso rechazó por 178 votos en contra, 167 a favor y 5 abstenciones la senda de estabilidad presupuestaria que debía allanar el camino hacia los nuevos Presupuestos, mientras la Audiencia de Badajoz condenaba a David Sánchez, hermano del presidente, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa. Los mercados, mientras tanto, reflejaron la tensión política con una subida de la rentabilidad de la deuda española.
La derrota parlamentaria: PP, Vox y Junts tumban la senda de déficit
El Congreso rechazó la senda de estabilidad para el periodo 2027-2029 que había presentado el Ejecutivo, un trámite imprescindible para poder elaborar los Presupuestos Generales del Estado. La propuesta del Gobierno fijaba el déficit conjunto de todas las administraciones públicas en el 1,8% del PIB para el próximo año, el 1,6% en 2028 y el 1,5% en 2029.
El rechazo se articuló con los votos en contra de PP, Vox y Junts. Desde Junts, el diputado Josep Maria Cruset argumentó que el reparto del margen de déficit entre comunidades autónomas perjudicaba de forma clara a Cataluña, a la que —según los cálculos del propio partido independentista— se le asignaba una capacidad fiscal muy inferior a la que consideran justa. El Partido Popular, por su parte, fue el primero en anunciar el rechazo frontal: su diputado José Vicente Marí Bosó calificó la propuesta de «engaño», al considerar que el supuesto margen adicional concedido a las regiones resulta en la práctica inalcanzable por los límites de la regla de gasto.
El rechazo no impide legalmente que el Gobierno continúe con la tramitación de los Presupuestos, pero le obliga a hacerlo dentro de un marco fiscal más restrictivo y, sobre todo, vuelve a poner en evidencia la minoría parlamentaria del Ejecutivo, que deberá presentar de nuevo la misma senda de déficit ante una Cámara donde no cuenta con mayoría estable.
La sentencia que sacude Moncloa
Horas antes de esa votación, la Audiencia Provincial de Badajoz hizo pública la condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa. El tribunal considera probado que participó en la modificación de su propio puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz para adaptarlo a sus «preferencias personales».
La sentencia, no obstante, no incluye pena de prisión: los tres magistrados descartaron la existencia de tráfico de influencias, que era el eje central de la acusación, y absolvieron a David Sánchez y al resto de encausados de ese delito. El expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, fue condenado a dos penas de nueve años de inhabilitación como autor de sendos delitos de prevaricación administrativa. La decisión no es firme: las partes disponen de un plazo de diez días para recurrir ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Moncloa reaccionó calificando el fallo de «sentencia injusta» y confía en que sea corregida en instancias superiores, mientras el PP sostiene que una condena de este calibre «haría caer a un Gobierno en cualquier país» de nuestro entorno.
La reacción de los mercados
La fragilidad política tuvo un correlato inmediato en la deuda pública. El rendimiento del bono español a diez años subió hasta el 3,557%, lo que elevó la prima de riesgo respecto a Alemania hasta los 45,73 puntos básicos. El Tesoro Público, en paralelo, adjudicó 2.126 millones de euros en letras, con una rentabilidad al alza tanto en el plazo a tres como a nueve meses. Son movimientos moderados, propios de un mercado que todavía no da por hecho un escenario de inestabilidad grave, pero que reflejan cómo los inversores empiezan a poner precio a la incapacidad del Gobierno para sacar adelante su agenda fiscal.
Qué implica para los Presupuestos y para Bruselas
Más allá del impacto político inmediato, el rechazo a la senda de déficit tiene una derivada europea relevante: la Comisión Europea supervisa desde hace dos años las trayectorias de ajuste fiscal de los Estados miembros dentro del nuevo marco de gobernanza económica de la UE, y una senda de déficit rechazada en sede parlamentaria complica que España presente ante Bruselas un plan creíble y respaldado políticamente. Sin senda aprobada, el techo de gasto y los propios Presupuestos quedan en un limbo que solo el propio Ejecutivo puede intentar resolver, previsiblemente reformulando la propuesta o buscando apoyos alternativos que hasta ahora no ha logrado construir.
Análisis: un Gobierno cada vez más frágil
Lo ocurrido el 14 de julio no es un episodio aislado, sino la enésima confirmación de un patrón que se repite desde hace meses: un Ejecutivo capaz de mantenerse en el poder pero incapaz de garantizar mayorías estables para sus iniciativas legislativas más importantes. La coincidencia temporal entre el rechazo parlamentario y la condena judicial al hermano del presidente amplifica el desgaste, aunque se trate de dos procesos jurídicamente independientes: uno es un trámite presupuestario, el otro una causa penal que todavía puede revertirse en apelación.
El verdadero riesgo para Sánchez no es tanto perder esta votación concreta —que no tiene efectos legales inmediatos— como la acumulación de señales de debilidad que erosionan su capacidad de negociación de cara a los propios Presupuestos, y que ahora empiezan a trasladarse, aunque sea de forma incipiente, al coste de financiación del Estado. Si esa percepción de fragilidad se consolida, el Gobierno podría verse obligado a elegir entre prolongar la legislatura sin Presupuestos aprobados —gobernando con las cuentas prorrogadas— o buscar un adelanto electoral en un momento que no parece el más favorable para sus intereses.
