El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló este 16 de julio la ley de amnistía aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez para los implicados en el procés independentista catalán, incluido Carles Puigdemont. La sentencia descarta que la norma vulnere los intereses financieros de la UE o la directiva antiterrorista, pero no garantiza un regreso inmediato: los tribunales españoles deberán interpretarla y aplicarla, en un proceso que podría alargarse hasta octubre.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, emitió el 16 de julio una sentencia que respalda en lo esencial la ley de amnistía aprobada en 2024 por el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez para poner fin a las causas judiciales derivadas del proceso independentista catalán de 2017. El fallo concluye que la norma no vulnera de forma grave los intereses financieros de la Unión Europea ni resulta incompatible con la directiva antiterrorista comunitaria, dos de los principales argumentos que la oposición y sectores del propio Poder Judicial español habían esgrimido para intentar bloquearla ante instancias europeas.
Según recoge la sentencia, el TJUE también rechaza que la amnistía quebrante el principio de igualdad ante la ley o el de seguridad jurídica dentro del marco comunitario, dos pilares del derecho europeo que los recurrentes —entre ellos, magistrados del Tribunal Supremo español y partidos de la oposición— habían invocado para cuestionar la validez de la norma.
Qué cambia (y qué no cambia) para Puigdemont
El expresident de la Generalitat de Cataluña, exiliado en Bélgica desde octubre de 2017 tras la declaración unilateral de independencia y el referéndum del 1 de octubre de ese año, es uno de los principales beneficiarios potenciales de la ley. Sin embargo, la sentencia del TJUE no cierra automáticamente su caso: los tribunales españoles, y en particular el Tribunal Supremo, deben aún interpretar y aplicar el fallo europeo a las causas concretas que mantienen abiertas contra Puigdemont, entre ellas la relativa a un presunto delito de malversación que el Supremo había excluido inicialmente del ámbito de la amnistía.
Fuentes jurídicas citadas por Infobae y El Español apuntan a que el regreso efectivo de Puigdemont a España podría no producirse hasta octubre, una vez que el Tribunal Constitucional resuelva un recurso de amparo pendiente y el Supremo decida si archiva definitivamente las causas o levanta las medidas cautelares que aún pesan sobre él. La Audiencia Nacional, por su parte, ratificó recientemente el juicio con jurado popular por tráfico de influencias y malversación en otro frente judicial vinculado al procés, aunque sí retiró las medidas cautelares que habían supuesto la retirada del pasaporte a la esposa de Puigdemont, Marcela Topor.
Una decisión con lectura dispar en España
La sentencia ha sido recibida como una «victoria rotunda» por los partidos independentistas catalanes, que la interpretan como una validación europea definitiva de la estrategia de amnistía negociada por Sánchez a cambio de los votos de Junts y Esquerra Republicana para su investidura en 2023. El propio Gobierno español ha destacado el fallo como un respaldo a la constitucionalidad y legalidad comunitaria de una de sus medidas más controvertidas de la legislatura.
Sin embargo, la reacción no ha sido unánime ni siquiera dentro de las filas del propio Ejecutivo: sectores del PSOE incómodos con la amnistía desde su aprobación han preferido un perfil bajo, mientras que el principal partido de la oposición, el Partido Popular, y sectores del Poder Judicial han criticado con dureza la sentencia, sosteniendo que el TJUE se ha limitado a un examen de compatibilidad con el derecho comunitario sin pronunciarse sobre el fondo político de la medida.
Por qué importa más allá de España
El caso trasciende la política doméstica española por dos motivos. Primero, porque sienta un precedente sobre hasta qué punto las leyes de amnistía o indulto masivo aprobadas por Estados miembros pueden ser escrutadas por instancias europeas cuando afectan a delitos con dimensión transfronteriza, como la malversación de fondos con implicaciones presupuestarias comunitarias. Segundo, porque reaviva el debate sobre el papel del TJUE como árbitro último de decisiones políticas nacionales especialmente polarizantes, un rol que ya ha desempeñado en conflictos similares en Polonia y Hungría en torno al Estado de derecho.
Qué puede pasar ahora
El escenario más probable, según los expertos consultados por los medios españoles, es que el proceso se resuelva en fases: primero, una respuesta del Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo pendiente; después, una decisión del Supremo sobre las causas que aún mantiene abiertas. Solo si ambas resoluciones son favorables a Puigdemont, este podría regresar a España sin riesgo de detención, posiblemente hacia octubre. Un rechazo del Supremo a aplicar la amnistía en los términos que reclama Puigdemont abriría, a su vez, una nueva ronda de recursos ante el propio TJUE, prolongando un conflicto judicial que ya suma casi nueve años desde la crisis catalana de 2017 y que seguirá marcando la relación entre el Gobierno de Sánchez y sus socios independentistas hasta que se resuelva de forma definitiva.
Con información de CNN en Español, El Español, Infobae y Periodista Digital.
