Washington evalúa una fórmula extraordinaria de administración compartida para dirigir la reconstrucción de Venezuela tras los terremotos del 24 de junio, con un despliegue de unas 3.000 personas —en su mayoría del Cuerpo de Ingenieros del Ejército— y una inversión inicial cercana a los 3.000 millones de dólares. El plan, aún sin aprobar por la Casa Blanca, reabre el debate sobre la soberanía venezolana seis meses después de la caída de Nicolás Maduro.
Según informó el diario español ABC citando fuentes conocedoras de las discusiones en Washington, la Administración de Donald Trump analiza una propuesta de tutela transicional para Venezuela que iría mucho más allá de la ayuda humanitaria convencional. El proyecto, todavía en fase preliminar, contempla el envío de unas 3.000 personas al país caribeño y una inversión inicial próxima a los 3.000 millones de dólares destinada a acelerar la reconstrucción tras el terremoto que sacudió al país el 24 de junio.
No se trataría de un contingente militar ni de una fuerza de combate, según las fuentes consultadas. Una parte sustancial del equipo procedería del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE), acompañado por especialistas civiles en infraestructuras, urbanismo, logística, comunicaciones, energía y ordenación territorial. El objetivo declarado es evitar un vacío institucional, acelerar la reconstrucción y preparar el terreno para unas elecciones democráticas, aunque el calendario de esos comicios no figura, por ahora, en ningún documento conocido.
De la caída de Maduro a la tutela de Washington
El plan no puede entenderse sin el terremoto político que vive Venezuela desde comienzos de año. El 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses ejecutaron una operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro, poniendo fin a 27 años de chavismo en el poder. Dos días después, el 5 de enero, Delcy Rodríguez —hasta entonces vicepresidenta— fue juramentada como presidenta encargada, convirtiéndose en la primera mujer en ejercer la jefatura del Estado en la historia del país. Según reveló Financial Times, su hermano Jorge Rodríguez había mantenido conversaciones con Washington durante 2025 para allanar ese relevo.
Desde entonces, el Gobierno de Rodríguez ha impulsado una liberalización económica acelerada: apertura a inversiones petroleras occidentales, fin del control cambiario y reanudación de relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Pero la legitimidad de su mandato sigue disputada por sectores del propio chavismo y por parte de la oposición histórica, un nudo que el plan estadounidense de tutela temporal no resuelve. De hecho, el anuncio no contiene, según las fuentes de ABC, ningún acuerdo sobre la liberación de presos políticos, el retorno de exiliados ni un reparto de poder consensuado.
Los terremotos que aceleraron el plan
El detonante inmediato de la propuesta fue el terremoto del 24 de junio, cuya magnitud y consecuencias han sido descritas por el propio chavismo como una catástrofe comparable a la de 2025: las autoridades venezolanas elevaron esta semana a 4.930 la cifra de fallecidos, mientras el nivel del río Orinoco en el estado Delta Amacuro amenaza con igualar o superar las inundaciones del año pasado. La combinación de una infraestructura ya debilitada por años de crisis económica, un sistema de salud colapsado y un desastre natural de gran escala ha dejado a Caracas sin capacidad real de acometer una reconstrucción por sí sola, según el diagnóstico que maneja Washington.
Un modelo inspirado en el Pacífico
Lo más llamativo del proyecto es el modelo de referencia que baraja la Casa Blanca. Una fuente consultada por ABC comparó la fórmula, «con todas las cautelas», con los Acuerdos de Libre Asociación (Compact of Free Association) que Estados Unidos mantiene con las Islas Marshall, Micronesia y Palaos: territorios formalmente soberanos e independientes, pero que ceden a Washington competencias en defensa y reciben a cambio ayuda económica sustancial y acceso preferente a instituciones estadounidenses. Trasladado a Venezuela, el esquema buscaría una presencia estadounidense amplia, con responsabilidades concretas y capacidad de supervisión sobre la reconstrucción, pero sin anexión ni integración formal del país en Estados Unidos.
Por qué importa y qué puede pasar
El plan, de aprobarse, marcaría un precedente inédito en la región: ningún país latinoamericano ha estado bajo una administración conjunta de este tipo con Washington desde el Canal de Panamá en el siglo XX. Para la Casa Blanca, la operación cumple un doble objetivo: consolidar la salida del chavismo del poder sin tener que sostener militarmente una ocupación prolongada, y garantizar que la reconstrucción —y el acceso a las reservas petroleras venezolanas, las mayores probadas del mundo— quede bajo supervisión estadounidense en un momento de apertura a la inversión extranjera.
Los riesgos, sin embargo, son considerables. Una tutela extranjera, por limitada que sea en el papel, puede alimentar el nacionalismo residual del chavismo y ofrecer munición retórica a sectores que denuncien una injerencia extranjera, incluso entre venezolanos críticos con Maduro. La ambigüedad sobre la legitimidad de Delcy Rodríguez añade otra capa de incertidumbre: si Washington administra la reconstrucción en paralelo a un Gobierno cuya autoridad no está del todo asentada, el riesgo de fricciones institucionales —o de que la tutela se perciba como un protectorado de facto— es alto.
A corto plazo, el calendario dependerá de si la Casa Blanca formaliza la propuesta en las próximas semanas. De salir adelante, el despliegue de los primeros equipos técnicos podría comenzar antes de fin de año, aunque el diseño final de la fórmula jurídica —y su aceptación por parte de las autoridades venezolanas— sigue siendo la gran incógnita. Lo que parece claro es que Venezuela ha entrado en una fase en la que su reconstrucción física y su reconstrucción institucional avanzarán, para bien o para mal, de la mano de Washington.
Con información de ABC y agencias.
