«En mi país no volverá a haber elecciones.» La frase, pronunciada el pasado 19 de julio por el presidente nicaragüense Daniel Ortega, resume mejor que cualquier informe el punto en el que se encuentra hoy la democracia latinoamericana: una región donde la fachada electoral, hasta hace poco un mínimo común denominador exigido incluso a los regímenes menos democráticos, ha dejado de ser un requisito imprescindible para mantener el respaldo de Washington. Y esa mutación, señalan analistas consultados por medios españoles, no es solo un problema de valores: es un riesgo económico directo y cuantificable para España, principal inversor extranjero en Argentina y una de las economías con mayor exposición empresarial en toda la región.
El diagnóstico lo ha puesto negro sobre blanco el recién creado Conversatorio Latinoamericano (CONLAT), que habla de «hipersecuritización» para describir un fenómeno muy concreto: la normalización de un estado de excepción permanente, amparado en la lucha contra el crimen organizado o el narcotráfico, que en la práctica desborda cualquier marco de control democrático y judicial. La académica Sandra Borda lo resume con una frase que servirá de titular a cualquier manual de ciencia política de aquí a unos años: «Hoy la convicción democrática depende de cada país», es decir, ya no existe un paraguas hemisférico que fuerce a los gobiernos a mantener las formas.
El precio para las empresas españolas: 65 demandas ante el Ciadi
El dato que convierte este debate académico en una noticia de calado económico es el siguiente: España acumula 65 reclamaciones de empresas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal arbitral del Banco Mundial al que recurren los inversores extranjeros cuando consideran que un Estado ha vulnerado sus derechos. La cifra no es anecdótica: refleja hasta qué punto compañías como Telefónica, BBVA, Santander o Iberdrola, que facturan miles de millones de euros en la región, dependen de una seguridad jurídica que hoy se degrada a ojos vistas.
El precedente que más preocupa a la diplomacia económica española es el venezolano: a principios de siglo, la ola de nacionalizaciones del chavismo dejó fuera de juego a gigantes como Repsol o la propia Telefónica, que tuvieron que litigar durante años ante el Ciadi para intentar recuperar parte de sus activos. La diferencia ahora, advierten los expertos del CONLAT, es que ese escenario podría repetirse a una escala mayor y en más países simultáneamente.
De Nicaragua a Colombia y México: un péndulo sin árbitro
El caso nicaragüense es el más extremo, pero no el único síntoma de esa deriva. En Colombia, la victoria electoral del ultraderechista Abelardo De la Espriella podría profundizar la injerencia de Washington en la política interna del país. En México, la reforma judicial impulsada por Claudia Sheinbaum ha despertado dudas serias sobre la independencia de poderes. Se trata de procesos de naturaleza y origen ideológico muy distintos —la llamada «ola azul» de gobiernos afines a Washington compite en la región con un extremismo de izquierda igualmente dispuesto a saltarse los contrapesos institucionales—, pero que comparten un mismo efecto práctico: el debilitamiento de los mecanismos que deberían proteger la inversión extranjera frente a la arbitrariedad del poder político.
Ese vacío se agrava, además, por la neutralización casi total de los organismos multilaterales que durante décadas ejercieron de árbitros regionales, como la OEA o la Unasur. En su lugar, advierten los analistas, se ha impuesto una diplomacia transaccional basada en afinidades personales entre mandatarios, que resulta mucho más difícil de prever y de gestionar para cualquier departamento de riesgo-país de una multinacional española.
Qué puede hacer España
La respuesta que se dibuja desde los despachos de política exterior española pasa, en primer lugar, por diversificar los destinos de la inversión para no concentrar el riesgo en un puñado de economías; en segundo lugar, por reforzar los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones, la principal herramienta jurídica de la que disponen las empresas para litigar cuando un Estado incumple sus compromisos; y en tercer lugar, por vigilar de cerca los procesos legislativos que en cada país puedan derivar en expropiaciones o cambios regulatorios sorpresivos. El académico Juan Negri resume el cambio de paradigma con una frase que debería marcar la hoja de ruta de cualquier gobierno español en los próximos años: «El divisor de aguas de estos tiempos es que ya ni siquiera se exige la fachada democrática». Traducido a términos prácticos: España ya no puede dar por hecho que Washington actuará como árbitro de última instancia cuando sus empresas se vean en el alambre en Latinoamérica. Tendrá que aprender a defender esos intereses por sí misma.
Fuentes: Moncloa, Infobae, análisis del Conversatorio Latinoamericano (CONLAT).
